El Senado puso a consideración la H.J. Res. 30 del Representante Andy Barr (R-KY), una resolución de desaprobación de la Ley de Evaluación del Congreso (CRA, por sus siglas en inglés), que anularía la norma del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) para proteger los ahorros de jubilación de las personas ante cualquier tipo de riesgo financiero, incluyendo los riesgos financieros derivados del cambio climático. La CRA es una herramienta extrema y burda que está siendo utilizada por Congresistas anti-ambientalistas que quieren despojar permanentemente de protecciones a nuestro medio ambiente, comunidades, vida silvestre y patrimonio natural. Durante décadas, el DOL estableció normas que requerían que los administradores de planes de jubilación tuvieran en cuenta prudentemente todos los factores relevantes permaneciendo al mismo tiempo neutrales en cuanto a los tipos de inversión. La administración Trump se desvió de este enfoque de larga data mediante la emisión de normas que desalientan la consideración de los llamados factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) - incluso cuando estos factores afectan el riesgo y el rendimiento de la inversión. La norma de la administración Biden-Harris vuelve a la neutralidad, en la que los administradores de planes pueden considerar todos los factores relevantes para evaluar el riesgo de inversión, no ordena, prohíbe, exhorta ni desalienta ningún tipo de inversión en particular, y deja claro que los administradores de planes de jubilación deben basar sus decisiones en factores financieros de riesgo-rentabilidad. Anular esta norma con una resolución de la CRA supondría volver a la norma de la era Trump que hace caso omiso de los riesgos financieros de las inversiones en energía sucia, normas que se están aplicando en estados del país dirigidos por Republicanos extremistas con importantes pérdidas financieras para sus fondos de pensiones. El 1 de marzo, el Senado aprobó la H.J. Res. 30 por un voto de 50 votos a favor y 46 en contra (voto nominal del Senado 35). NO ES EL VOTO PRO-AMBIENTALISTA. La Cámara aprobó la H.J. Res. 30 el 28 de febrero; sin embargo, el presidente la vetó el 20 de marzo, y el 23 de marzo, la Cámara no logró anular el veto del presidente.